Economía, recursos naturales y producción

Economía, recursos naturales y producción

Incluye todos los temas relacionados al aprovechamiento de RRNN en los territorios indígenas, tanto RRNN no renovables como renovables realizados tanto por los pueblos indígenas, como por actores externos a los territorios.

Problemas en la coordinación con la ABT para la implementación de los PGMFs y otras modalidades de aprovechamiento forestal.
Falta de transparencia en la ABT, otorgación de permisos y SEFOS etc. y acuerdos sobre recursos colectivos negociados por individuos.

Promover un acuerdo de trabajo conjunto entre regionales y la ABT.

Desarrollar contratos modelo para la comercialización de la madera para evitar relaciones desiguales e injustas con empresarios que no resulta en un beneficio hacia las comunidades.

Gestionar que el 25% de la patente forestal vuelva para beneficiar las TCO.

Ponerse de acuerdo en los precios de Madera, para evitar pérdidas.

Trabajo con la ABT para que la otorgación de derechos maderables cumpla procesos transparentes.

Desarrollar norma para destino de madera decomisada.

Falta de apoyo a la transformación integral de la madera.

Promover el manejo integral de la madera incluyendo la elaboración de artesanías usando madera que se desecha.

Falta de transparencia y rendición de cuentas del uso de recursos colectivos hacia las base ya que existe tasas pagadas por la extracción de recursos maderables no retorna al territorio. El beneficio de los Planes de manejo forestal solo llega a los representantes.

Desarrollar mecanismos de transparencia locales apoyados por información oficial solicitados a la ABT con apoyo de CIDOB.

Insuficientes actividades económicas que permitan mejorar los ingresos económicos a las familias de los territorios.

Asegurar que los Recursos de Fondo Indígena respondan a los planes de vida de los territorios y sean bien administrados.

Promover que los planes de gestión contemplen el manejo de los recursos naturales para la comercialización.

Promover el cumplimiento de leyes de inversión para reactivar la economía comunitaria para la producción orgánica basada en saberes ancestrales.

Falta de seguimiento a los planes de gestión territorial en el rubro de mejoramiento de las economías indígenas.

Promover acuerdos estatales y con instituciones para la implementación de los planes de gestión territorial.

Débil apoyo de parte de municipios o gobernación hacia temas productivos.

Gestiones para asegurar que los Recursos de Fondo Indígena se manejen bien y que la CIDOB tenga un mayor rol en la fiscalización.
Incorporar las necesidades a través de los planes de gestión territorial en los municipios.

Insuficientes mercados para la venta de los productos que se aprovechan o se producen en los territorios.

Generar espacios de negociación (ruedas de negocios) para mercados solidarios, inclusivos donde los territorios puedan consolidar el mercado para sus productos.

Aprovechamiento ilegal, sin control y/o desorganizado de los recursos naturales en los territorios.

Desarrollar un formato base para la elaboración de reglamentos de manejo de los recursos naturales en los territorios.

Falta de investigaciones en los territorios sobre la biodiversidad que apoyen el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales.

Promover acuerdos con el sistema universitario para el desarrollo de investigaciones de acuerdo a los planes de gestión territorial indígena.

Conflictos en los espacios de explotación del tema minero.

No aceptar consulta previa e informada con la AJAM, buscar cambio de las normas en la Ley Minera.

Exigir cumplimiento de normas mineras y ambientales en las actividades mineras.

Ingreso de intereses agroindustriales y transgénicos a nuestros territorios.

Resistencia a transgénicos, valoración de variedades nativas y manejo ancestral.

La administración del FDI no ha sido transparente, eficiente, ni ha generado beneficios tangibles para los pueblos.

Desarrollar una modificación al decreto supremo actual y gestionar una propuesta de ley para que retorne la administración del fondo indígena a la CIDOB pero que reglamente el funcionamiento del FDI con criterios de transparencia, eficiencia, oportunidad y respeto a los PPII y sus estructuras orgánicas.